Sabrina lleva medio año en Barcelona cuando se descubre un bulto en el cuello. Aunque no tiene tarjeta sanitaria, recibe atención primaria. Es derivada de urgencia al hospital, donde la informan de que tiene pagar 250 euros. No puede afrontar ese gasto. Se calcula que la reforma sanitaria aprobada el 20 de abril de 2012 ha dejado a más de 870.000 personas sin atención sanitaria normalizada. Una situación que ha derivado en un aumento de la mortalidad entre los inmigrantes indocumentados y en un serio problema de salud pública.Relacionado
Dos meses después de no pagar la factura del hospital, Sabrina recibe una llamada de la médica de cabecera que la había atendido en primer lugar. Cuando le cuenta lo sucedido, esta intercede para que las pruebas se le hagan en un ambulatorio, sin coste. El resultado: le detectan un linfoma torácico extendido. Afortunadamente, recibe tratamiento y responde de forma positiva.
El caso de esta italiana afincada en Barcelona es uno de los muchos recogidos por REDER, La Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012. El de Sabrina es un ejemplo de lo que pudo acabar siendo y no fue. Pero hay muchos otros que no corrieron la misma suerte. Tras el decreto ley de 2012, la mortalidad en el colectivo de inmigrantes irregulares ha aumentado un 15%; y la tendencia va a más. Así lo sostiene el paper ‘The deadly effects of losing health insurance’, publicado por investigadores de la Universidad de Barcelona y la Pompeu Fabra.
El impacto de la reforma sanitaria
“Una de las cosas que introdujo la reforma de 2012 era que se restringía el acceso a la salud pública para un grupo de personas. El más numeroso eran los inmigrantes irregulares. Se cancelaron las tarjetas sanitarias de la población que no podía presentar un permiso de residencia”, explica Judit Vall, directora del Centro de Investigación Economía y Salud de la Universitat Pompeu Fabra y una de las firmantes del estudio.
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